Alcances de una reforma migratoria en Florida:
Autor: Ytaelena López
(Publicado en el periódico LA VOZ de Davies, FL el 20 de abril del 2006)
Mauro Caicedo y Rossana Torres tienen algo en común: El miedo. El temor a ser detenidos por un policía en cualquier momento, que “te va a esposar y te va a mandar a la m...”. Así lo siente Caicedo, joven profesional colombiano que tiene seis años de vivir en Miami con su familia.
La angustia de Caicedo y Torres de no tener documentación en regla es compartida por más de 11 millones de personas, contabilizadas por el Buró del Censo 2000 como illegal alliens (Buró Censo 2000).
Esta población, que aporta al Seguro Social entre $6.5 y 7 billones de dólares, como reconoce el director de esta institución, Stephen Coss, es ahora el objeto de un debate político encarnizado que dará resultados el 27 de marzo, cuando el Senado vote por una reforma a la Ley de Inmigración.
“La lucha es difícil, pero no imposible”, afirmó José Lagos, director de Unidad Hondureña, quién retornó de Washington con la satisfacción de la renovación del TPS (Estatus de Protección Temporal) para los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, pero con la preocupación de la popularidad generada por otros nuevos paquetes de leyes migratorias, que incluyen las propuestas de los senadores republicanos Tom Tancredo y James Sensembrenner.
Marlon González, director de la Coalición de Inmigrantes, iniciativa que agrupa todas las organizaciones estatales de este tipo desde el 2003, afirma que “La del Senador Sensenbrenner es las más notoria de ellas porque sencillamente quiere criminalizar a toda aquella persona que quieran ayudar a una persona que no tenga documentos”.
Al aprobar el proyecto de ley HR 4437 el 16 de diciembre pasado, la Cámara de Representantes generó malestar entre los sectores políticos y económicos del estado de la Florida, donde los 2 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en la agricultura y el turismo representan el 11 por ciento de la población del Estado, según precisó González.
Rossana Torres, madre mexicana de dos adolescentes norteamericanos, se cuenta entre quienes todavía respiran hondo cuando ven a una patrulla. Nueve años han pasado para que se pueda borrar la cicatriz de la incertidumbre, a pesar haber aplicado para una residencia a través de la Petición A-360, que otorga residencia norteamericana a quienes hayan sufrido violencia doméstica por parte de cónyuges americanos. “Ya lo hice, pero migración toma su tiempo, y si aprueban la reforma Sensenbrenner y me agarran en la calle sin documentación... (suspira) no sé cual sería mi destino final”.
NARANJAS AGRIAS
“¡No somos terroristas! ¡Solo queremos trabajar!” se leía sobre una de las tantas pancartas que cargaban uno de los cuatrocientos marchantes en favor de los intereses de los inmigrantes el sábado 18 de febrero, en pleno centro de Miami.
Teces cetrinas, acostumbradas al sol de tanto trabajar recogiendo cítricos en el campo por $6.15 la hora, ahora sudaban en pleno mediodía –mientras atravesaban el Boulevard Biscayne hasta llegar a la Torre de La Libertad- buscando de algún modo influenciar la opinión pública de la ciudad más diversamente étnica del mundo.
Según el censo del 2005, más de la mitad de la población de Miami proviene de otro lugar.
No era la única marcha. A pequeña escala Tirso Moreno, de la Asociación de Campesinos de Florida, organizaba encuentros y vigilias en ubicaciones rurales de los condados Davie, Martin o Palm Beach, como Apopka, Saratosa Sarasota o Immokalee. Justo los mismos lugares donde últimamente los agentes de Inmigración (ISC) emboscaban a la gente cuando salía del trabajo para hacer sus redadas.
“Se han llevado 60 campesinos este mes”, se quejó un agricultor de la organización guatemalteca Maya Quetzal. Algo similar también denunció el abogado Steve Forester, de Fanm Ayisyen Nan Miyami (Mujeres Haitianas de Miami), en el barrio de la Pequeña Haití. Las deportaciones están a la orden del día.
SENTIMIENTO ANTINMIGRANTE EN CIERNES
La directora del Centro para Estudios Comparativos Trasnacionales de FIU, PhD Sarah J. Mahler, afirma que mucho tiene que ver la forma como se enfoca el debate: “No es lo mismo decir Illegal Aliens que Undocumented Immigrants” .
Por ejemplo, el más polémico propulsor en el cambio de discurso es el sociólogo Samuel Huntington, quien en un artículo titulado El Reto Hispano publicado en Foreing Policy en abril-mayo de 2004, enciende la mecha de la intolerancia:
“La llegada constante de inmigrantes hispanos amenaza con dividir Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos lenguas. A diferencia de grupos anteriores de inmigrantes, los mexicanos y otros hispanos no se han integrado en la cultura estadounidense dominante, sino que han formado sus propios enclaves políticos y lingüísticos -desde Los Ángeles hasta Miami-y rechazan los valores angloprotestantes que construyeron el sueño americano. EE UU corre un riesgo si ignora este desafío.” (Samuel Huntington)
Una encuesta conducida por NPR (National Public Radio), Kaiser Family Foundation y Harvard¹s Kennedy School of Government, entre el 27 de mayo y el 2 de agosto de 2004, revela que los americanos eran menos negativos acerca del tema migratorio que sus antepasados, en parte por el contacto con ellos. Pero la mayoría era categórico en cuanto a reforzar la seguridad en las fronteras, pensaban que el gobierno no había hecho lo suficiente para controlar el flujo migratorio ilegal y se oponía a la reforma que George W. Bush apoyaba en aquel entonces.
Lucero Vargas, de Unit for Dignity, afirmó que ese sentimiento antimigratorio ha aumentado en parte porque “se da una información sesgada sobre el aporte de los inmigrantes al país” , lo cual pudiera ser cierto en algunos casos, como se puede constatar en la forma como la Comisionada Dana Badgerow elaboró el alarmante informe sobre “El Costo de los Inmigrantes en Minnesota” , a pedido del gobernador Tim Pawlenty.
”Obviamente, existe una escuela de pensamiento que asegura que existe una ventaja en tener a estas personas trabajando en nuestra fuerza laboral, simplemente no investigamos ese lado del asunto” , dijo Badgerow a los reporteros del Star Tribune y Pioneer Press sobre las razones por las que el estudio no incluía los aportes que los trabajadores indocumentados hacen a la economía de Minnesota.
En este tira y encoge de postura, la opinión de Selene Echeverría, directora del National Farm Worker Ministry, es lapidante. “El trato (al inmigrante) no ha cambiado. No es ni mejor ni peor. Sigue siendo igual de malo. Por ser indocumentados siempre se les trata mal.”
El mejor ejemplo de ello es el caso de Rossana Torres, quien vivió 11 meses en un refugio después de vivir cuatro días en la calle. “Es (tragó grueso) muy duro, toqué muchas puertas pero nadie me abrió….Tengo dos hijos de 14 y 15 años, los cuales la Corte mandó con su papá por yo no tener un domicilio. No sé como esa persona (refiriéndose al ex esposo, quien la golpeaba y luego la amenazaba con deportarla) manejó las cosas (el Juicio), pero lo cierto es que a mí me trataron como una criminal” afirmó con la voz quebrada y los ojos acuosos.
SE CAYERON LAS TORRES...
“El 11 de septiembre cambió todo, y todo se fue a pique. En los colegios donde habían extranjeros fueron a investigar... todos los árabes que estudiaban conmigo salieron del país en menos de una semana, desaparecieron de un momento a otro”, narraba Mauro Caicedo, justificando por qué no pudo arreglar sus papeles migratorios en todo este tiempo.
Desde el punto de vista de María Rodríguez, directora de la Coalición de Inmigrantes, “es una diversión para no afrontar los problemas reales que tenemos como sociedad: 43 millones de personas sin Seguro Médico, una guerra perpetua que sostiene la economía”.
“Hay 43 millones de personas sin Seguro Social, y ahora de repente es porque los inmigrantes están abarrotando las salas de emergencia, dicen, cuando científicamente la data demuestra todo lo contrario, que los inmigrantes dan más que lo que reciben”, reiteró Rodríguez.
En la Florida, el 63 por ciento de los trabajadores del agro (entre 300 y 400 mil campesinos) es inmigrante, y aporta al Estado $60 billones anuales, según cifras proporcionadas por C.A.S.A (The Colombian American Service Association) durante un foro sobre inmigrantes realizado el 6 de marzo del 2006 en FIU University Park.
“Me parece el colmo porque este país es de inmigrantes, y de paso es una fuerza de trabajo que ni siquiera pueden retirar dinero por miedo a ser deportado, eso va a ser un bajonazo impresionante y no creo que lo vayan a hacer... es un arma de doble filo” , anticipó Caicedo, quien al final optó por casarse para solucionar su situación.
Lucero Vargas, de Unit for Dignity, sostiene que el 70 por ciento de los inmigrantes del país paga impuestos, aunque no tengan devolución, incrementando el presupuesto del seguro social. Cuando no tienen número de SS, el impuesto es retenido por el empleador con un número ITIN (Número de Identificación Individual del Contribuyente otorgado a quienes no califican para el Seguro Social), lo cual se traduce en retenciones no pagadas, almacenadas por el gobierno federal.
Mauricio Caicedo acostumbraba a pagar $600 mensuales de impuestos descontados directamente de su salario, pero nunca se atrevió a utilizar el sistema de salud pública por miedo a que descubrieran que su número de SS era el de su tío, treinta años mayor que él. “¿Médicos? nunca los necesité. Yo nunca he utilizado algo público acá, nunca he estado enfermo, nunca nada...sólo el corazón.”
EL FUTURO DETRÁS DEL MURO
Cualquier acción a tomar, debe ejecutarse antes del 27 de marzo porque de aprobarse la Ley Sensembrener, el caso de Daniel Strauss y Shanti Sellz sería una constante y no la excepción, advierte Selene Echeverría.
“ Strauss y Sellz recogieron a tres mexicanos que estaban a punto de morirse por deshidratación para llevarlos al hospital, pero los paró un policía; los metieron a la cárcel, y ahora les quieren dar 15 años por dar ayuda humanitaria”, relató Selene Echeverría alterada.
El 10 de enero se terminó la Audiencia Federal pero los cargos no fueron retirados, a pesar de las 30 mil peticiones enviadas al Procurador Federal Paul Charlton como parte de la campaña “Asistencia Humanitaria Nunca es Delito”, según Indymedia.
El panorama luce sombrío después de muchas marchas, e incluso de una reunión el 23 de febrero con el popular Senador Republicano John McCain –propulsor, junto con el senador Edward Kennedy, de la Secure America and Orderly Inmigration Act of 2005 (Acta de la América Segura)- en el Miami Dade Community Collage.
“La situación con la Ley McCain-Kennedy esta muy mala”, y el problema radica en que hace falta campañas de sensibilidad de otro tipo, no a los inmigrantes sino a los que influyen”, sentenció María Rodríguez, también directora del Centro de Abogacía para los Inmigrantes de la Florida (FIAC). “ La actividad de McCain es muy buena pero tenemos que llegar a la gente que vota y tiene el poder”.
